Quien crea que el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea aumentará la solidaridad entre los Estados miembros o con las personas que huyen de los conflictos o las hambrunas no sabe de lo que está hablando. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) se ha opuesto sistemáticamente a este paquete de medidas y seguirá haciendo campaña para limitar sus peores efectos.

Debido a este pacto, los países europeos, que tan a menudo presumen de superioridad moral cuando se trata del respeto a las libertades y los derechos humanos, ahora tratarán como prisioneros a más personas, familias y niños que huyen de las guerras, la pobreza extrema y, cada vez más, de los desastres climáticos. Se trata del clásico ejemplo de doble rasero que evita la obligación moral y jurídica de la UE de respetar el derecho a la protección internacional. Inevitablemente, esto provocará más abusos de derechos fundamentales, expulsiones ilegales, detenciones (incluso de niños) y devoluciones a países inseguros.

A falta de unas vías seguras y uniformes, las personas que buscan seguridad o unos mejores medios de subsistencia se ven obligadas a tomar rutas cada vez más peligrosas, por lo cual 2023 fue el año con más víctimas mortales registradas desde 2015. Tan solo en el Mediterráneo, el año pasado se contabilizaron más de 2.500 personas muertas o desaparecidas, una cifra que representa únicamente la punta del iceberg. Dicho pacto no aborda esta cuestión y, en cambio, sigue potenciando la llamada ‘Europa fortaleza’.

Desde luego, esto no ayudará nada a los trabajadores. Se malgastará más dinero para construir la Europa fortaleza en un momento en que la UE está a punto de aprobar unas nuevas reglas fiscales que impondrán recortes al gasto social y climático a través de la llamada austeridad 2.0.

Regularizar la situación de los migrantes ayudaría más que ninguna otra medida a los trabajadores, tanto a los migrantes como a los nacionales, pues evitaría que los empresarios explotaran a los trabajadores migrantes irregulares para rebajar los salarios. Negar los derechos humanos a los trabajadores migrantes indocumentados y a los solicitantes de protección sólo beneficia a los empresarios que les utilizan como mano de obra barata, a veces en condiciones espantosas, que crean así divisiones entre los trabajadores y que rebajan los salarios y los estándares para todos.

Todos los trabajadores deben recibir el mismo trato

La CES exige que los solicitantes de asilo tengan derecho a trabajar en todos los Estados miembros. Los sindicatos y empresarios deben colaborar para garantizar unas condiciones de empleo dignas, esenciales para generar solidaridad entre los trabajadores e igualdad de oportunidades y de trato para todos. La CES ha demostrado que el acceso al trabajo en igualdad de condiciones y la posibilidad de reclamar derechos laborales son cruciales para obtener derechos fundamentales, incluida la ciudadanía. La CES apoya a sus miembros para que organicen a todos los trabajadores migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, los refugiados y las personas indocumentadas, y los empoderen mediante la afiliación sindical para que puedan participar en las negociaciones colectivas y las acciones conjuntas. Todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria o nacionalidad, deben recibir el mismo trato y deben respetarse sus derechos humanos universales.

A través de su Asociación Europea para la Integración, la Comisión Europea ha reconocido el papel clave que desempeñan los sindicatos en la integración al mercado laboral. La CES se ha comprometido a seguir haciendo campaña para que todos los migrantes y refugiados tengan derecho al trabajo, a la negociación colectiva, a una integración en el mercado laboral basada en el principio de la igualdad de trato y al acceso a los servicios y la protección social.

En lugar de construir muros en un vano intento por disuadir a las personas desesperadas, la UE debería ofrecer unas vías sólidas de migración laboral para que los migrantes puedan vivir y trabajar con un sistema común y bien financiado de acogida e integración en las sociedades europeas.

Como ha reconocido la Comisión, la migración es –y ha sido a lo largo de la historia de la humanidad– una realidad. Y el número de personas que buscan refugio en Europa no dejará de aumentar a medida que se multipliquen los conflictos y los fenómenos climáticos extremos. En 2022, la Comisión registró la presencia irregular de unos 1,08 millones de ciudadanos extracomunitarios en la UE, lo que supone un aumento del 59% si se compara con la cifra de 2021. Sin embargo, dicha cifra sin duda se ha subestimado, ya que los datos reales apuntan a varios millones. Las mujeres indocumentadas en especial no tienen derecho a la protección contra la violencia de género según la legislación europea y corren el riesgo de que las deporten si buscan justicia. Según la Plataforma para la Cooperación Internacional para Personas Migrantes Indocumentadas (PICUM), en Europa se prioriza la situación migratoria de decenas de miles de mujeres antes que sus necesidades como víctimas.

La UE ha estado ‘externalizando’ sus responsabilidades a terceros países donde los migrantes no tienen ninguna garantía de que se vayan a respetar sus derechos. La CES ya ha condenado esta política. Por ejemplo, protestó ante la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por la reciente asociación entre la UE y Túnez que se firmó con un gobierno que ha reprimido a sindicatos, migrantes y la sociedad civil por igual. Aun así, después de acuerdos parecidos ya ratificados con Mauritania y Egipto, pronto firmarán otros con Marruecos y Libia.

Lejos de garantizar la solidaridad europea, los gobiernos pueden elegir lo que quieren aplicar y Estados como Hungría y Polonia ya han mostrado reticencias. Los Estados miembros podrán excluirse de las principales salvaguardias si alegan que un tercer país está empujando a la gente hacia sus fronteras (la llamada “instrumentalización de la migración”). Incluso el tan cacareado marco de reasentamiento de la UE es voluntario, por lo que contribuirá poco a aliviar la presión de los países en primera línea a los que llegan los refugiados. Asimismo, los Estados miembros tendrán una excusa para incumplir sus obligaciones jurídicas estipuladas en los acuerdos internacionales como la Convención de Ginebra de 1951.

El pacto pretende apuntalar la Europa fortaleza mediante un ingente refuerzo de las funciones de Frontex, la agencia europea de fronteras y guardacostas que rechaza o detiene a los recién llegados independientemente de la validez de sus solicitudes de residencia (por ejemplo, por motivos médicos o de reagrupación familiar). Las personas que recurran podrán ser deportadas mientras esperan el fallo.

Asimismo, este pacto fomentará las devoluciones crueles e ilegales que ya se están produciendo y supone una amenaza para las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate que salvan vidas en el mar, lo que va en contra del derecho marítimo internacional. Además, intensificará la vigilancia mediante la recopilación forzosa de los datos biométricos y huellas dactilares de los migrantes, con un ínfimo respeto por los derechos humanos.

La CES condena a los políticos y partidos populistas que, en su propio beneficio, promueven el racismo, el odio y la xenofobia y culpan a los migrantes y solicitantes de asilo de los problemas que sus políticas son incapaces de resolver.

Dichas actitudes han constituido el marco que ha permitido al pacto recabar apoyos. Las medidas propuestas pueden agravar la discriminación y la desconfianza hacia los migrantes, reforzando potencialmente a la extrema derecha en Europa.

A principios de este mes, un día antes de que el Parlamento Europeo aprobara el pacto, 161 organizaciones de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Oxfam y la PICUM, advirtieron contra la adopción de este “vergonzoso” pacto. Según Save the Children, el pacto culminará en la detención y criminalización de familias y niños, que podrán ser deportados sin derecho a una representación legal ni a la apelación.

La migración a Europa podría gestionarse con compasión y respeto a los derechos humanos universales. La llamada ‘crisis migratoria’ no tiene por qué ser una crisis en absoluto. Sin embargo, dicho pacto no refleja el valiente liderazgo que es tan necesario. La CES repite su llamamiento a favor de un enfoque político que promueva los derechos humanos universales, evite el sufrimiento y la explotación y fomente una auténtica solidaridad y responsabilidad compartida.