Militantes “proelección” en la manifestación del 8 de marzo pasado en Dublín.
My body, my choice, Trust women (“Mi cuerpo mi elección”, “Confía en las mujeres”). No faltaron los eslóganes en la manifestación en defensa del derecho al aborto, organizada el pasado 8 de marzo en Dublín, la capital irlandesa.
ONG, partidos políticos, sindicatos, miles de personas se congregaron para animar a los irlandeses a votar pidiendo la derogación de la 8ª enmienda de la Constitución –un texto que limita considerablemente la posibilidad de recurrir a una interrupción del embarazo– durante un referéndum previsto para finales de mayo en el país.
La República de Irlanda es uno de los pocos países europeos con un acceso particularmente restrictivo al aborto. Completamente prohibido en Malta, por ejemplo, está autorizado en Polonia únicamente en determinados casos (violación, incesto, anomalías del feto y riesgos para la salud de la madre) y actualmente está amenazado por un texto que pretende prohibirlo también en caso de malformaciones del feto.
En Irlanda, país con una fuerte tradición católica, únicamente está permitido abortar si corriera peligro la vida de la madre –y prohibido por tanto en caso de violación, incesto o malformaciones del feto–. Un marco particularmente restrictivo que empuja a muchas irlandesas a reclamar hoy en día una flexibilización de las leyes.
¿Su objetivo? La 8ª enmienda de la Constitución, que sitúa el derecho a la vida de la madre al mismo nivel que la vida del embrión o del feto y que equivale, por tanto, a una prohibición del aborto. Introducida tras un referéndum en 1983, a instancias de políticos y líderes religiosos preocupados ante la legalización del aborto en otros países, el artículo hace que resulte extremadamente complicada cualquier liberalización de las leyes.
La ley contempla la posibilidad de abortar en caso de que peligre la vida de la madre únicamente a partir de 2013, tras salir a la luz el caso de Savita Halappanavar, una joven que falleció de septicemia tras negársele la posibilidad de interrumpir el embarazo pese a estar sufriendo un aborto espontáneo.
Obligadas a viajar al extranjero para abortar
“La 8ª enmienda ha ocasionado situaciones de tremendo sufrimiento en Irlanda”, comenta a Equal Times Sinéad Kennedy, de la Coalition to repeal the eighth, entidad formada por más de un centenar de organizaciones y que milita por la derogación de la enmienda.
“Cerca de la mitad de nuestros miembros son mujeres”, explica David Joyce, de la central sindical Irish Congress of Trade Unions (ICTU), que se opuso ya en la década de 1980 a la introducción de la 8ª enmienda [N. de la R.: no todos los sindicatos afiliados a esta central sindical han adoptado una posición clara respecto a esta cuestión, pero uno de los más importantes, Siptu (Services Industrial Professional and Technical Union), se pronunció a favor de la derogación de la enmienda].
“Para nosotros, resulta inaceptable que estas mujeres vivan en un país que las obliga a viajar al extranjero para que se les practique una interrupción del embarazo o que las criminalice si deciden tomar la píldora abortiva”, añade Joyce.
En 2016, al no contar con una legislación más flexible, al menos 3.265 mujeres se vieron obligadas a realizar el trayecto entre Irlanda y las clínicas en Inglaterra y Gales, según el departamento de sanidad británico.
Un viaje que tuvo que emprender Shelley, 29 años, que milita contra la 8ª enmienda. “Junto con mi pareja, tomamos un vuelo temprano por la mañana. Luego un taxi hasta la clínica, realizaron la intervención, me quedé una hora hasta recuperarme y luego tuve que tomar otro vuelo de regreso a Irlanda”.
Condiciones nada favorables para la joven, que precisa a Equal Times: “Después tardé aún tres horas más hasta llegar a casa desde Dublín. Me sentía fatal. Y el hecho de haber tenido que viajar hizo aún más penosa una decisión que ya me había resultado increíblemente difícil de tomar”.
Psicológicamente traumatizante y poco práctico, el aborto en el extranjero resulta además terriblemente costoso para las irlandesas: entre 400 y 1.800 EUR (unos 500-2.250 dólares USD), sin contar los gastos de viaje y posiblemente de alojamiento, según el centro de planificación familiar Irish Family Planning Association (IFPA).
Una situación que puede llevar a que algunas pacientes retrasen el procedimiento médico, por falta de fondos, o que prefieran la interrupción del embarazo mediante intervención quirúrgica –más rápida y que les permite volver el día mismo– pese a que no resulta siempre apropiada.
“La 8ª enmienda no impide que se aborte”, nos indican en la IFPA, “sino que añaden un peso suplementario a las mujeres que tienen necesidad de recurrir a ello”. Más grave aún, crea disparidades. “Discrimina a las mujeres que no tienen dinero, pero también a las que no tienen papeles”. Efectivamente, para estas últimas, viajar resulta muchísimo más complicado.
En cuanto a la píldora abortiva, menos cara y a priori solicitada (5.650 mujeres de Irlanda y de Irlanda del Norte habrían contactado el sitio especializado Women on Web entre 2010 y 2015), es ilegal. Pese a que aún no se ha dictado condena alguna por este tipo de infracción, su utilización en teoría puede llegar a castigarse con una pena de 14 años de prisión. Por tal motivo, se toma sin prescripción médica, con gran perjuicio para los profesionales.
“Estas píldoras no revisten peligro y son eficaces cuando se toman bajo control médico, como es el caso en prácticamente todos los demás países europeos. Pero sin seguimiento médico, existen riesgos significativos”, recordó recientemente el doctor Peter Boylan, presidente del Instituto irlandés de ginecología y obstetricia.
Convencer a la opinión pública
A medida que se aproxima la fecha del referéndum, las voces “proelección” multiplican sus acciones.
Mary es cofundadora de la plataforma Everyday Stories, que publica en línea historias de mujeres que abortaron a pesar de las dificultades que pueden encontrar en Irlanda. Las militantes de Rosa, un grupo perteneciente al movimiento feminista socialista, han recorrido el país varias veces con su “bus de píldoras abortivas”. Por último, recientemente, distintas organizaciones se agruparon tras la campaña Together for yes (Juntos por el sí), a favor de la derogación de la 8ª enmienda, decididas a convencer a los irlandeses.
“Abortos ya los hay aquí. Es un hecho”, recuerda Ailbhe Smyth, codirectora de la campaña. “Pero hace falta adoptar leyes y servicios que respondan, de manera empática y apropiada, a las necesidades reales de las mujeres”.
La batalla no será fácil. Porque, a pesar de los escándalos, particularmente de pedofilia, en los que se ha visto envuelta la iglesia irlandesa, y a pesar de la liberalización de la sociedad, el país sigue estando impregnado por una fuerte ideología católica, observa Mary McAuliffe, historiadora y especialista en estudios de género en el University College de Dublín.
Una importante manifestación tuvo lugar, por ejemplo, en Dublín el pasado mes de marzo, reuniendo esta vez a los antiabortistas. Enarbolando pancartas con eslóganes del estilo Repeal kills (derogar mata) los “provida” quieren conservar la 8ª enmienda que, según ellos, salvaría vidas.
Cora Sherlock, de la organización Pro-life campaign estima de hecho que otras alternativas al aborto, “alternativas que salvan vidas”, como la adopción, no han sido debidamente tenidas en cuenta.
Por el momento, no obstante, los sondeos se inclinan a favor de los defensores del derecho al aborto, indicando que al menos cerca del 50% de los electores serían favorables a la derogación, entre un 20 y 30% estarían en contra, y el resto todavía está indeciso.
Para el analista político Noel Whelan, la cuestión podría también ser generacional. “Los electores más jóvenes están masivamente a favor de la derogación”.
Gail Mc Elroy, de la escuela de Ciencias Sociales y de Filosofía del Trinity College de Dublín, recuerda por su parte la importancia que tiene el mes de mayo en tanto que período electoral para el Gobierno irlandés, “sobre todo si quiere pasar el referéndum, debe asegurarse de que los jóvenes todavía sigan estando aquí para votar”.
Si la 8ª enmienda fuese derogada con el referéndum, el Gobierno debería proponer al Parlamento un proyecto de ley que, específicamente, diera acceso al aborto, sin restricciones particulares, hasta la 12ª semana de gestación.