En Venezuela, la expectación crece a medida que se acercan las elecciones presidenciales fijadas para el 28 de julio. Luego de un largo período de gobierno chavista que ha marcado al país durante dos décadas y media, la posibilidad de un cambio político es palpable. En medio de la incertidumbre y en una nación donde la polarización ha incidido sobre la dinámica política y social en los últimos años, cada persona imagina su propio escenario electoral. Hay 10 candidatos pero sólo dos aglutinan un gran músculo electoral: Nicolás Maduro, que ha estado en el poder por once años; y Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la oposición venezolana escogido por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras la salida definitiva de María Corina Machado de la contienda por inhabilitación política; ella es la líder de la organización política Vente Venezuela (propuesta que defiende el liberalismo económico, Estado mínimo, “capitalismo popular” y conservadurismo) y quien moviliza el descontento popular a favor de González Urrutia.

Hasta ahora, las encuestas han mostrado resultados especialmente dispares en cuanto a la preferencia electoral. Unas reflejan una ventaja de entre 15 y 40 puntos de la candidatura opositora sobre la oficialista. Otras, presentadas por el propio Maduro –calificado como uno de los mandatarios más impopulares en Latinoamérica– le dan a él un apoyo de 55% frente a 22% para González Urrutia. Uno de los sondeos más recientes, de mediados de junio, es el del Centro de Políticas y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que proyecta alrededor de 7 millones de votos para el abanderado opositor y 4,7 millones para el actual gobernante, quien, no obstante, en las últimas semanas ha ido escalando en las mediciones de intención de voto. Sin embargo, los verdaderos números están en la calle y la decisión de los venezolanos se conocerá en las urnas.

Samuel Contreras, de 45 años, apoyó a Hugo Chávez; luego a su sucesor Maduro y en estos comicios, su posición no será distinta. Era trabajador agrícola y sembraba hortalizas para distribuir a pequeñas localidades en el estado Miranda, al norte de Venezuela. Sin embargo, tuvo que dejar las labores de la tierra por lo costoso de los insumos y está trabajando como vendedor en un pequeño abasto: “Primero era la escasez de fertilizante, no había semillas. Ahora hay de todo pero uno no puede comprarlos porque por las sanciones [internacionales –concretamente al petróleo y minería–, han puesto los precios] por los cielos. Yo sé que en otro gobierno de Maduro sí van a quitarlas [las sanciones] y vamos a poder tener crédito para hacer de todo y poder vivir bien”, dijo.

La familia de la que él es cabeza está entre el 74% de los hogares venezolanos que, según el Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela, recibe al menos una de las ayudas monetarias de los 11 programas de asistencia social del gobierno de Maduro. Él, por ejemplo, percibe 1.278 bolívares mensualmente (34 dólares) por concepto de “bono de economía familiar ” y “bono hogares de la patria”. En su casa dos personas más tienen el mismo ingreso.

“Con Maduro aunque sea con los bonos nos comemos un pedazo de pollo. Ahorita sí estamos pobres, pero si viene uno nuevo y nos quita los beneficios, ¿cómo más pobres vamos a estar? Vamos a vivir más arruinados. Es mejor tener un medio bueno conocido que un loco por conocer”, contó a Equal Times.

Para otros venezolanos, en cambio, la solución a la crisis del país, cuya economía se ha contraído en 75% en diez años (en parte debido al impacto de las sanciones económicas de Washington desde 2017), es la renovación del poder. Juliet Coello* fue empleada de la administración pública y es contadora. A sus 53 años –cuando apenas le faltarían dos años para jubilarse y, en teoría, poder vivir de su pensión– cuida niños informalmente en su casa y vende tortas para hacer un dinero extra para poder cerrar el mes. Gastaba más en pasaje para trasladarse a su oficina de lo que ganaba.

“Un nuevo presidente con visión de futuro es lo mejor y eso es Edmundo. Lo que se necesita es alguien capaz de estabilizar nuestra economía para que volvamos a ser un país productivo con oportunidad de trabajo para nosotros los profesionales, que podamos aplicar los conocimientos adquiridos en empleos de nuestro campo y no en otros oficios para que ya nadie se tenga que ir”, señaló.

Está decidida a darle el voto a González Urrutia aunque aseguró que no saldrá a la calle a manifestarle su apoyo en los actos de campaña electoral. Se abstiene incluso de publicar posts vía su WhatsApp u otras redes sociales relacionados con el candidato opositor por miedo a que expresarse pueda traer consecuencias para ella o su familia.

Su temor no es descabellado. En mayo pasado las autoridades del gobierno de Maduro apresaron a un ciudadano que habló en un mitin de campaña de María Corina Machado y hasta han cerrado temporalmente y multado 16 establecimientos (hoteles y restaurantes) que han prestado servicio a la líder, a González Urrutia y a su equipo de trabajo cuando hacen giras en el interior de Venezuela. El dato fue difundido por la organización Acceso a la Justicia, la cual ha hecho seguimiento a las giras del sector opositor de la PUD.

Incluso, en lo que va de 2024, al menos 14 dirigentes de Vente Venezuela han sido detenidos por motivos políticos y otras seis del círculo más cercano de María Corina Machado están refugiadas en la embajada de Argentina en Caracas por una orden de captura por parte del Ministerio Público.

A pesar de este contexto, un 75% de los venezolanos asegura que participará en los comicios presidenciales, según los sondeos más recientes de la encuestadora Datincorp, que publicó en mayo un estudio hecho en los 17 departamentos que reúnen al 90% del electorado venezolano. El porcentaje sube a 80% cuando se trata del deseo de cambio político por parte de la población.

Carmen Beatriz Fernández, consultora política especializada en campañas electorales, considera que, con esas acciones, Maduro “quiere desmovilizar [a la población opositora], quiere infundir miedo, sin duda. Pero, al mismo tiempo, y es la capacidad de boomerang que tiene esa herramienta, infunde cada vez más rechazo, enerva cada vez más a la gente, que está al límite de su nivel de aguante”.

Mirla Pérez, socióloga venezolana del Centro de Investigaciones Populares, enfatizó que en este momento la esperanza de cambio en la ciudadanía supera con creces el miedo que el sistema pueda estar generando, lo cual, a su juicio, representa un desafío significativo para Maduro.

“El miedo no está deteniendo al venezolano, lo hace más fuerte, porque siente que tiene una alternativa y en función de esa alternativa se va organizando. Por eso estamos viendo una población muy movilizada tratando conseguir un lugar donde organizarse, no solamente para participar en espacios electorales, sino para apoyar en todo el sistema de defensa del voto”, dijo la también investigadora de la Universidad Central de Venezuela.

Espacios y estrategias de organización, de la “Furia Bolivariana” a los sindicatos

Desde el chavismo –con voceros que han dicho que “ni por las buenas, ni por las malas nos vamos de acá nosotros”– se prepara a las bases para aplicar el ‘1x10’, la estrategia electoral en la que un militante del partido de gobierno ubica a diez electores y los vigila para que el día de las elecciones den su voto a Maduro. También se ha activado desde el poder la denominada Furia Bolivariana, un plan de control social en el que participan representantes de “la unión cívico, militar y policial”.

Oenegés como Laboratorio de Paz, dedicada a estudiar la resolución de conflictos sin violencia y con enfoque de derechos humanos, han señalado que con ese plan se pretende limitar los espacios para que la ciudadanía se organice –inclusive en los centros de trabajo, donde también se ha pedido la activación del plan; de telón de fondo: diversas manifestaciones de trabajadores públicos de los gremios de la salud y la educación han pedido en el último año la renuncia del gobernante izquierdista porque los mantiene con un salario mensual de 3,5 dólares–.

En este sentido, y en lo que se refiere a la organización colectiva, los sindicatos, tal y como comenta Carmen Beatriz Fernández, si bien no son voces con un alto impacto a nivel del votante, sí tienen un liderazgo en sus seccionales y prestan sus espacios institucionales y gremiales para el debate y la discusión.

“El movimiento sindical venezolano puede dar un importante aporte a la lucha por el rescate de la democracia sin descuidar reivindicaciones como la reconstrucción del salario y pensiones dignas, trabajo decente, respeto a las convenciones colectivas y libertad de los presos políticos en el marco del reclamo por el cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización del Trabajo”, se lee en un artículo escrito por Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea.

Justo en 2024, según el Índice global de los derechos de los trabajadores (de la Confederación Sindical Internacional), que evalúa el cumplimiento de los derechos laborales colectivos (internacionalmente reconocidos por gobiernos y empleadores), Venezuela era señalado como uno de los países en haber empeorado su calificación. “Las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”, señala en índice. De acuerdo con éste, en países como Venezuela (en el grupo que obtiene la calificación “5”), “si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”.

El boca a boca ante la censura

Los medios de comunicación son clave en los procesos electorales, pero la arquitectura de medios tradicionales en Venezuela está plegada a la vocería del gobierno de Maduro. La censura estatal y la autocensura por parte de los privados está restringiendo el acceso a la información plural sobre los candidatos a las presidenciales, lo cual, a su vez, impacta en la toma de decisiones del electorado.

En la cuenta atrás para la cita con las urnas, el panorama mediático sigue luciendo complejo, a pesar de que los actores principales, el oficialismo y la oposición –agrupada en la Plataforma Unitaria–, firmaron un acuerdo de garantías electorales en Barbados para promover el “equilibrio” en los medios de comunicación y asegurar la “igualdad de todos los candidatos en el acceso” a la prensa e incluso espacios públicos bajo la administración del Estado.

El Instituto de Investigaciones de la Comunicación da cuenta de que 13 de 22 canales de televisión de escala nacional son utilizados con fines ideológicos y propagandísticos. Para sortear este control estatal, muchos venezolanos han emigrado a los portales web al momento de informarse, pero de los 100 medios digitales en el país al menos 60 están bloqueados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), un organismo regulador de ese sector, indicó la oenegé Espacio Público. Entonces, ¿cómo hacer campaña así? Volviendo al contacto directo.

“Las dificultades de comunicarse masivamente están claras por la hegemonía comunicacional. La oposición está haciendo campaña en los lugares más alejados de las ciudades, en los lugares, si se quiere, más analógicos también. Pero es en esos lugares donde entra, más allá de las redes sociales, una red comunitaria que es el ‘tú a tú’. Esta es una campaña muy a la antigua, pero apalancada con la capacidad de masificar la ruta [del candidato] o el itinerario a través de estas redes sociales”, explicó Carmen Beatriz Fernández, también profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, en España.

A través de WhatsApp y Facebook, las redes más utilizadas a nivel comunitario, según el Centro de Estudios Populares, es por donde la ciudadanía va obteniendo información sobre propuestas de gobierno de los candidatos y de sus actividades y, en función de eso, moldea su intención de voto, encaminándose, en el caso de los opositores, hacia las orientaciones de voto señaladas por Machado.

Fernández detalló que, por ejemplo, alguien ve a María Corina Machado en un acto proselitista, o ve el anuncio, manda un mensaje al grupo familiar de WhatsApp y a partir de allí se replica la información en todo el vecindario o pueblo, “generando una viralidad muy importante que es orgánica y muy parecida a como se viralizan las cosas antes de que entráramos en las lógicas digitales”.