La detonación de una bomba atómica sobre la isla de Mururoa, el 2 de julio de 1966, fue la primera de una serie de ensayos nucleares que el ejército francés realizó en el Océano Pacífico. Foto de archivo.
"Debíamos esperar dentro de los refugios hasta que pasara la lluvia", así recuerda Daniel, un agricultor de Mangareva, una de las islas de la Polinesia Francesa situada en el archipiélago de Gambier, a 1.500 kilómetros al sudeste de Tahití, las órdenes de los oficiales franceses a los 500 residentes de la isla, el 24 de agosto de 1968, día en que estalló Canopus —un artefacto termonuclear 150 veces más potente que los que destruyeron Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945— a 400 kilómetros de distancia.
Esta no fue ni la primera ni la última vez que los isleños buscaron refugio cuando llovía. Entre 1966 y 1996, Francia realizó 193 ensayos nucleares en el entonces llamado Territorio de Ultramar de la Polinesia Francesa. Se realizaron 46 explosiones en la atmósfera, que produjeron nubes radiactivas, que los vientos trasladaron y depositaron radionucleidos por todo el medio ambiente, exponiendo a la población, la fauna y la flora a niveles anormales de irradiación.
Durante años se ha mantenido en secreto el impacto real de los ensayos nucleares en la Polinesia Francesa —hoy una Colectividad Francesa de Ultramar formada por 118 islas y atolones, que se extienden a lo largo de más de 2.000 km de aguas del Pacífico—. Toda la información sobre los niveles de exposición está protegida por el Ejército francés, incluso a día de hoy. Pero poco a poco va saliendo a la luz la auténtica magnitud de la lluvia radiactiva. A comienzos de octubre, Oscar Temaru, político de la oposición de la Polinesia Francesa, señaló, en el marco de una reunión de Naciones Unidas en Nueva York, que la Corte Penal Internacional había recibido una queja contra Francia por ‘crímenes contra la humanidad’ en nombre de “toda la gente que murió como consecuencia del colonialismo nuclear”.
Los aproximadamente 126.000 militares y civiles que se estima tuvieron contacto directo con los residuos radiactivos de las pruebas, están expuestos a posibles efectos adversos para su salud, como diversos tipos de cáncer. Debido a las deficiencias en las infraestructuras y a la falta de acceso, muchos casos de cáncer en la Polinesia no se reportaron durante mucho tiempo. Hasta 2009, la mayoría de los pacientes con cáncer eran evacuados a Nueva Zelanda o a Francia para recibir radioterapia. Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Polinesia Francesa a principios de este año revelan un aumento constante del número de enfermedades inducidas por la radiación. En 1992 se registraron 93 nuevos casos de cáncer, que en 2017 ascendieron a 467.
Podría decirse que este aumento es el resultado lógico de contar hoy con un sistema de salud más desarrollado, y ciertamente se necesitan estudios más específicos para afirmar con precisión los efectos de los ensayos nucleares sobre la salud de las personas, pero las comunidades locales se niegan a creer que este aumento en los diagnósticos de cáncer sea mera coincidencia.
Francia es el segundo mayor productor de electricidad nuclear del mundo. El país optó por la energía nuclear en 1939, principalmente como medio de producción de electricidad, aunque también por el deseo de recuperar un lugar en el tablero mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente general Charles de Gaulle creó la Comisión Francesa de Energía Atómica (Commissariat à l’énergie Atomique et aux énergies alternatives, o CEA). A partir de 1956, el primer ministro Pierre Mendès-France comenzó a fabricar armas atómicas y, al volver al Gobierno en 1958, De Gaulle activó un programa de pruebas nucleares que dio lugar a la detonación de la primera bomba en el desierto argelino, el 13 de febrero de 1960: la infame Gerboise Bleue.
Francia llevó a cabo decenas de pruebas nucleares en Argelia, atmosféricas y subterráneas, pero cuando este país se independizó en 1962, tras una cruenta guerra de independencia que duró siete años, el CEA dirigió su mirada hacia los Territorios de Ultramar de Francia en el Pacífico. Eligieron como banco de pruebas los atolones polinesios franceses de Moruroa y Fangataufa (que forma parte del archipiélago de Tuamotu), y en mayo de 1963, desembarcaron en Moruroa 300 personas para construir las primeras instalaciones del Centro de Experimentos Nucleares del Pacífico (Centre d’Expérimentations Nucléaires du Pacifique, CEP). Su impacto fue, en muchos sentidos, lamentable.
La sociedad polinesia, sacudida por completo
“La decisión del Gobierno francés de utilizar el territorio polinesio como emplazamiento para sus ensayos nucleares, tras verse obligado a abandonar el territorio saharaui, alteró por completo el estilo de vida económico, social, alimentario, cultural y medioambiental de la Polinesia, en un período de tiempo extremadamente corto”, señala a Equal Times Patrice Bouveret, del Observatorio de Armamentos (Observatoire des armements) —una organización independiente que lleva evaluando el impacto de los ensayos nucleares franceses en Polinesia desde 1984—.
Incluso antes de que comenzaran las detonaciones de las bombas, los esfuerzos para construir el CEP desencadenaron una ola de cambios, sin el consentimiento de los polinesios, que la población no estaba preparada para afrontar. La población polinesia ascendía a unos 150.000 habitantes en ese momento. Alrededor de 10.000 personas —en su mayoría hombres solteros y jóvenes— llegaron a finales de la década de los sesenta y provocaron una auténtica explosión del consumo, de compraventas de inmuebles y de tierras, que si bien beneficiaron a algunos polinesios, también agravó las desigualdades”, explica Bouveret.
Tahití casi triplicó su población entre 1962 y 1988. La urbanización desenfrenada alimentó las desigualdades sociales. Además, su economía colonial, en gran medida dependiente de la ayuda de Francia, hizo que Polinesia experimentara un auge pseudoeconómico, en el que la rápida demanda de mano de obra, los altos salarios y la introducción del capitalismo de estilo europeo atrajo a la gente, que abandonó sus medios tradicionales de subsistencia, como la pesca y la producción de copra, vainilla y café para la exportación. "La convulsión ha dejado huella también a nivel social, por el desarrollo de una enorme "corrupción" y del clientelismo, derivado de esta "renta nuclear" cuyos efectos todavía se pueden percibir en la multitud de procesos judiciales contra Gaston Flosse", dice Bouveret, refiriéndose al expresidente de la Polinesia hacia el final del período de las pruebas nucleares.
El CEP también dejó irreconocible el prístino paisaje de algunas islas y atolones de la Polinesia. En apenas dos años, se excavaron más de dos millones de metros cúbicos de tierra, se erigieron dos kilómetros de frente costero para la construcción del CEP. En el deshabitado Moruroa se construyó una pista de aterrizaje de dos kilómetros y alojamientos para más de 2000 personas. Hao, parcialmente arrendado, dijo adiós a 50.000 metros cúbicos de coral para los canales de acceso.
Una vez iniciadas las pruebas en 1966, el impacto recayó en la salud del medio ambiente, de los habitantes y de los miles de trabajadores migrantes, que fueron "mal informados" por el Estado sobre las consecuencias de la radiación.
Aldebaran, la primera bomba detonada sobre Moruroa, el 2 de julio de 1966, provocó una nube radiactiva que fue empujada por los vientos hasta Mangareva, lo que provocó la evacuación del ministro francés de Ultramar, mientras los lugareños permanecían sin noticias.
Más de 40 años después, un informe del Observatoire des armements, contiene documentos antes clasificados con los registros de la radiación realizados por los técnicos del Service Mixte de Controle Biologique (SMBC) —un organismo creado por el CEP para recoger y analizar muestras biológicas durante y después de las explosiones— que muestran cantidades de radiación encontradas en la lechuga sin lavar cuatro días después de la explosión de Aldebaran 666 veces superiores a la habitual. El agua potable presentaba seis veces más actividad radioactiva de lo normal, mientras que el suelo examinado contenía 50 veces más radiación de la habitual. Casi tres meses después, una encuesta indicó que los niveles de radiactividad encontrados en la lluvia en Mangareva eran 11 millones de veces más altos de lo previsto.
A pesar de tener esa información a mano, el CEP continuó con los ensayos nucleares hasta que el presidente Jacques Chirac suspendió definitivamente todos los experimentos en febrero de 1996.
La larga lucha por la justicia
Tras años de lucha por el reconocimiento frente a la negación impertérrita de la responsabilidad del Estado francés, los polinesios vieron finalmente un rayo de esperanza en 2010, cuando el Gobierno francés implementó una ley para indemnizar a las víctimas de las pruebas nucleares francesas en la Polinesia. Sin embargo, en muchos sentidos, la Ley Morin ha suscitado más controversia que una restitución adecuada.
Según el Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (el Comité de indemnización de las víctimas de ensayos nucleares, CIVEN), de los 1.245 casos registrados desde la creación del Comité, sólo 147 proceden de la población polinesia. Hasta la fecha, sólo se han aprobado 11 casos de indemnización.
La dudosa eficacia de la Ley Morin se suele atribuir al secreto con el que el Ministerio de Defensa francés lleva a cabo las investigaciones relacionadas con la energía nuclear: la falta de acceso a los archivos elimina toda posibilidad de realizar una investigación exhaustiva, por lo que no hay perspectivas de que se otorgue una indemnización justa, efectiva y completa.
Este bloqueo informativo también ha tenido consecuencias tangibles en los resultados científicos –algo que el Dr. Florent de Vathaire, del Grupo de Radiología Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia (INSERM), describió en su estudio de 2010 sobre los casos de cáncer de tiroides en la Polinesia Francesa como "datos de exposición limitada".
“Los datos dosimétricos en los que se basan las reconstrucciones dosimétricas individuales del artículo publicado en 2010 proceden de los informes enviados por Francia después de cada campaña de detonaciones a las Naciones Unidas. Dado el contexto político de la época, los datos se simplificaron necesariamente”, explica Vathaire a Equal Times.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades polinesias por acceder a los documentos, Francia sigue manteniendo clasificados la mayoría de ellos, lo que aumenta aún más la frustración de los polinesios. "Es más que obvio, que nunca tendremos acceso a los elementos que podrían revelar, aunque sea parcialmente, los medios para fabricar el arma", dice Yolande Vernaudon, de la Délégation Polynésienne pour le Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires (DSCEN), un servicio administrativo creado por el gobierno de la Polinesia Francesa para supervisar los procesos relacionados con los ensayos. Sin embargo, también argumenta que: "Algunos informes están clasificados como ’defensa secreta’. A nuestro parecer no contienen ningún indicio de la fabricación, aunque son importantes para que podamos averiguar los acontecimientos históricos".
Pero más allá de evaluar el alcance real de las repercusiones sobre la salud de la población polinesia, una mirada franca a los documentos militares podría arrojar luz sobre otras consecuencias —quizás incluso más profundas— del período nuclear.
"Estos últimos años, el enfoque se ha centrado principalmente en los impactos de estas pruebas —reales, supuestos o incluso fantaseados— para la salud, pero ello oculta las consuencias medioambientales, sociales y culturales", dice Vernaudon a este medio.
Mientras Francia sigue sin asumir su responsabilidad, los polinesios han reunido un comité para debatir la creación de un centro conmemorativo en el que se expondrán archivos, documentos y testimonios personales para las generaciones venideras.
"Estamos preparando el pliego de condiciones para contratar, mediante licitación, a un programador escenógrafo que se encargará de detallar el programa técnico del proyecto, que permitirá consultar la gestión del mismo", declaró Vernaudon tras la última reunión del comité el 20 de julio de 2018.
Añade que los polinesios llevan más de 15 años reclamando el centro y que, aunque su contenido aún no está fijado, estos primeros pasos representan una novedosa búsqueda plural de la verdad.