Entre 2021 y 2024, Senegal se vio sumido en persistentes crisis que afectaron a su sistema político, económico y social. Una situación casi sin precedentes en un país antaño considerado un bastión democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la buena gobernanza. Frente a estas crisis, la sociedad civil, con inclusión de los sindicatos, ha desempeñado plenamente su papel. Si con el régimen saliente luchó encarnizadamente para que se respetara el calendario republicano, ahora espera del presidente electo respuestas concretas y urgentes a las demandas sociales.

Una crisis política a la que se suman fuertes reivindicaciones sociales

El 31 de marzo de 2021, Ousmane Sonko, opositor al presidente Macky Sall y uno de los principales candidatos con posibilidades a las elecciones presidenciales de 2024, fue detenido acusado de violación. Los partidarios de Sonko denunciaron un complot orquestado por el Gobierno. Las manifestaciones degeneraron en disturbios con consecuencias desastrosas: enfrentamientos con las fuerzas del orden, saqueos de bienes públicos y privados, varios muertos y numerosos heridos, etc.

La singularidad de esta violencia es su alcance casi nacional. Hubo manifestaciones en casi todas las regiones de Senegal. En muchos aspectos, recuerdan la situación que se vivió al final del mandato del presidente Abdoulaye Wade en 2011, cuando además de la crisis socioeconómica, la población se opuso a que los dirigentes del país cambiaran las reglas del juego de la competición política. Esta movilización dio lugar al Movimiento del 23 de junio contra el intento del presidente de cambiar el sistema de votación presidencial, así como a las manifestaciones de 2012 contra el intento inconstitucional del presidente Wade, validado por el Consejo Constitucional, de presentarse a un tercer mandato.

Estos acontecimientos demuestran que las cuestiones electorales y constitucionales movilizan a la población, y que las manifestaciones no pueden entenderse únicamente desde una perspectiva socioeconómica.

En efecto, el Gobierno había propuesto medidas económicas y sociales de urgencia, pero también se mostró muy discreto sobre las cuestiones institucionales y democráticas. Y, aun cuando los problemas socioeconómicos son el telón de fondo del descontento, este se ve atizado por la expectativa de un cambio político profundo por parte de una gran franja de la población. No cabe duda de que el factor coyuntural innegable es la pandemia de covid-19, y las medidas adoptadas por el Gobierno senegalés para hacerle frente, las cuales han golpeado duramente a sectores enteros de la economía, en particular al sector informal. En este difícil contexto, no es de extrañar que las manifestaciones inicialmente políticas se hayan extendido a otras reivindicaciones y se hayan visto acompañadas de saqueos.

Lo que prendió la mecha fue la puesta en marcha de un proceso judicial contra el oponente político Ousmane Sonko, acusado de violación por una empleada de un salón de masajes. Acusaciones que este, el principal opositor, niega alegando que se trata de una conspiración. La desconfianza en la justicia y en el Gobierno es tal que la denuncia de un complot para eliminarle ha tenido un amplio eco entre sus partidarios.

El historial de eliminación política y judicial de sus opositores por parte del presidente Macky Sall, quien ha proclamado personalmente su voluntad de “reducir la oposición a su más simple expresión”, han dado desde el principio una dimensión política a este caso, dimensión que Ousmane Sonko no tuvo dificultad en amplificar mediante su estrategia de defensa. Sonko se negaba a correr la misma suerte de Karim Wade (encarcelado durante tres años, parcialmente indultado y luego “exiliado” en Qatar), y luego la de Khalifa Sall, el antiguo alcalde socialista de Dakar encarcelado durante dos años y medio (marzo de 2017 a septiembre de 2019) y, por tanto, impedido de concurrir a las elecciones presidenciales de febrero de 2019.

Las prácticas políticas impugnadas fueron innumerables: abusos contra el Estado de derecho, manipulación de la constitución, cooptación o eliminación judicial de opositores, alucinante tren de vida del entorno presidencial y de los ministros, un clientelismo derrochador, etc. Esta fase hegemónica se agotó durante el segundo mandato, sobre todo a causa de la pandemia de covid-19, con la creciente impopularidad del presidente Macky Sall, enfrentado al desgaste del poder, sobre todo porque el vigor demográfico del país renovó a las generaciones políticas que no habían vivido el régimen anterior. Y la guinda del pastel es que la cuestión de un tercer mandato interfiere innecesariamente en un debate político ya de por sí acalorado.

El aplazamiento de las elecciones presidenciales: una decisión de más que moviliza a la sociedad civil

Macky Sall, elegido en 2012 y reelegido en 2019, provocó una protesta más allá de la oposición cuando anunció, el 3 de febrero de 2024, el aplazamiento de las elecciones presidenciales faltando tres semanas para su celebración. La Asamblea Nacional fijó la nueva fecha electoral para el 15 de diciembre de 2024 y prorrogó el mandato del presidente Sall, que expiraba el 2 de abril, hasta la toma de posesión de su sucesor.

El aplazamiento de las elecciones presidenciales y la invalidación de este aplazamiento por el Tribunal Constitucional suscitó una grave crisis política en Senegal. Este acontecimiento ha tenido repercusiones en la sociedad senegalesa y particularmente en algunas empresas. Los cortes de internet y la prohibición de circular en moto complicaron la situación. La oposición lo calificó de “golpe constitucional”. Las fuerzas de seguridad reprimieron los intentos de manifestación. Tres personas murieron en los enfrentamientos. Según la ONU, Human Rights Watch y la oposición, fueron detenidas más de 260 personas.

Tras la prohibición de una manifestación, las organizaciones de la sociedad civil siguieron ejerciendo presión sobre el Gobierno. Un grupo de estas organizaciones lanzó una campaña contra el aplazamiento. “Invitamos a todos los ciudadanos preocupados por la preservación de los logros democráticos a movilizarse en masa en todo el país y en la diáspora para impedir esta confiscación del poder”, rezaba un comunicado emitido por la nueva plataforma denominada Aar Sunu Election (Protejamos nuestras elecciones). El colectivo reivindicaba incluir a unos cuarenta grupos ciudadanos y religiosos y organizaciones profesionales, entre ellas varios sindicatos de la educación.

Cuando los responsables de la coalición Aar Sunu Election se pusieron en contacto con ellas, las centrales sindicales no consideraron oportuno integrarse en una plataforma cuyos contornos siguen sin parecerles claros, aunque consideran pertinentes las reivindicaciones planteadas. Las centrales sindicales decidieron elaborar sus propias respuestas a los excesos de la coalición gobernante, evitando cualquier acercamiento a los grupos políticos. Al final, la Coalición de centrales sindicales afiliadas a la CSI, compuesta por la CNTS, la UNSAS, la CNTS/FC, la CSA y la UDTS, emitió un comunicado en el que denunciaba la violencia, las detenciones masivas, los saqueos y el incumplimiento del calendario republicano, antes de reclamar que las elecciones presidenciales se celebraran a su debido tiempo.

Por su parte, la CNTS, la UNSAS y la CSA emitirían cada una por su parte comunicados de prensa denunciando los mismos abusos y pidiendo que se respete el calendario republicano.

En una gran manifestación organizada por la nueva plataforma de la sociedad civil, los oradores hicieron un llamamiento a la huelga general en fecha indeterminada, y a una paralización en el sector de la enseñanza. En una declaración escrita, la plataforma llamó a los ciudadanos a asistir a la gran oración musulmana del viernes vestidos de blanco y enarbolando los colores nacionales. Las familias de los presos políticos también se movilizan para exigir su “liberación inmediata”. Estas familias estiman en 1.500 el número de presos políticos y de conciencia.

Elección de un nuevo presidente frente a una creciente demanda social

La fecha del 2 de junio de 2024 propuesta para la primera vuelta de las elecciones fue impugnada por el Consejo Constitucional, al igual que la reanudación parcial del proceso de selección de los 19 candidatos aprobados, con el fin de permitir la repesca de numerosos candidatos que impugnaban la invalidación de su candidatura. El Consejo Constitucional también impuso que las elecciones se celebraran antes de la expiración del mandato del presidente Macky Sall, el 2 de abril de 2024. El Consejo de Ministros fijaría finalmente el domingo 24 de marzo de 2024 como fecha para la primera vuelta de las elecciones.

El líder de la oposición senegalesa, Bassirou Diomaye Faye, candidato sustituto de Ousmane Sonko, ganó las elecciones presidenciales por un amplio margen en la primera vuelta, con el 54,28% de los votos, muy por delante del candidato gubernamental, Amadou Ba (35,79%). El eslogan Diomaye égale Sonko, Sonko égale Diomaye convenció a la gran mayoría de los votantes.

En el contexto de la nueva gobernanza, la principal preocupación de los trabajadores senegaleses es la subida de los precios y el alto costo de la vida. Los sindicatos son unánimes a este respecto y esperan anuncios contundentes.

“Los precios toman el ascensor mientras los salarios suben por las escaleras. Tenemos que ver una reducción de los precios de los productos básicos, porque la inflación está aquí para quedarse. Las autoridades ahora son muy conscientes de esta situación, obviamente acaban de llegar, así que no esperamos que se resuelvan todas las cuestiones”, afirma Mody Guiro, secretario general de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), la mayor confederación sindical representativa de Senegal.

Otra cuestión que espera una respuesta concreta del nuevo Gobierno es la igualdad salarial. Muchos sindicatos se quejan de que existen demasiadas desigualdades salariales entre los distintos funcionarios públicos, que alcanzan un número de 175.000. Las desigualdades se dan a veces dentro de la misma profesión. Es el caso del personal docente. Para Amidou Diédhiou, secretario general del Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), es urgente resolver este problema, porque “ya en 2018, los sindicatos de la educación plantearon la cuestión del sistema salarial. El nivel de injusticia es elevado y por eso, en nuestra opinión, los recursos del Estado, por escasos que sean, deben redistribuirse equitativamente”.

A los sindicatos también les preocupa la extensión de la protección social a los trabajadores del sector informal. La economía sumergida representa una parte importante de la población activa (en torno al 70%) en Senegal. Los sindicatos se quejan de que el derecho positivo está mal adaptado para aplicarse a esta categoría de trabajadores, privados de protección social y expuestos a todo tipo de riesgos sociales.

El empleo también es una demanda social, cuya magnitud se aprecia en el incesante y macabro éxodo de jóvenes desesperados que se echan al océano y al desierto, optando por la peligrosa vía de la emigración irregular.