Se han vertido ríos de tinta sobre la profunda crisis de legitimidad que constituye la base de las protestas masivas contra el gobierno del presidente keniano William Ruto por su polémico proyecto de ley de finanzas, que incluye un análisis pormenorizado sobre el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las protestas –y la violenta respuesta del gobierno que provocó la muerte de más de 50 personas y lesiones a más de 400 ciudadanos– no surgieron de la nada, sino que forman parte de una escalada. La tensión lleva años acumulándose, ya que el gobierno de Kenia ha ido acelerando su programa de austeridad para poder pagar la voluminosa deuda del país. Desde antes de que el presidente Ruto asumiera el cargo en 2022, el gobierno ya había intentado aumentar sus ingresos a través de los presupuestos y las reformas fiscales para pagar a los inversores extranjeros exprimiendo a la clase trabajadora y a la población en general.

Los trabajadores de Kenia se han defendido sistemáticamente y han advertido de la necesidad de un nuevo enfoque basado en la justicia fiscal, en unos recursos públicos sólidos y en una estructura financiera internacional que promueva un desarrollo equitativo en lugar de deudas impagables. Para recuperar la confianza del público y reconstruir la legitimidad democrática de sus políticas, el gobierno de Kenia y las instituciones financieras internacionales deberían escuchar a dichos trabajadores y revocar las políticas que tanto daño han hecho.

No habrá justicia en materia de vivienda sin una justicia fiscal

A principios de este año, el presidente Ruto firmó la Ley de Vivienda Asequible, que impone una tasa del 1,5% al salario de los trabajadores para financiar la construcción de 200.000 viviendas asequibles al año. Dicha ley, que inicialmente estaba incluida en la Ley de Finanzas de 2023, forma parte de una serie de tasas que han aumentado para los ciudadanos de a pie (por ejemplo, el impuesto sobre la venta de combustible se ha duplicado). La tasa de vivienda nació de una ley de 2019 impulsada por el entonces presidente Uhuru Kenyatta, con Ruto como vicepresidente en aquella época. Ya entonces, la medida tuvo que hacer frente a la feroz oposición de la Organización Central de Sindicatos de Kenia (COTU-K) y el Sindicato Nacional de Docentes de Kenia y finalmente fue suspendida por un tribunal.

Aunque la ley pretende abordar la crisis de viviendas asequibles en los centros urbanos de Kenia, no presta la debida atención a las condiciones materiales de los kenianos. Los 80.000 millones de chelines kenianos (615 millones de dólares estadounidenses) que se recaudan al año mediante la tasa distan mucho de los 400.000 millones de chelines kenianos (3 millones de dólares estadounidenses) necesarios para construir las 200.000 viviendas al año que prometió el gobierno. Además, la cantidad de nuevos impuestos supondría una carga adicional para una población que todavía está sufriendo las secuelas de la covid-19, por lo que ahora al keniano promedio le resulta aún más difícil conseguir una vivienda asequible. Como era de esperar, al igual que en 2019, la tasa de vivienda provocó una oleada de protestas, así como un recurso judicial.

La opacidad del procedimiento presupuestario, la enorme carga financiera derivada de los costes del servicio de la deuda y el excesivo papel que desempeñan los actores externos, incluido el FMI, contribuyen a la desconfianza de los kenianos en la capacidad de su gobierno para llevar a cabo una gestión fiscal responsable.

Como se calcula que unos 90.000 millones de dólares estadounidenses salen cada año del continente africano en flujos financieros ilícitos mientras que el patrimonio de las empresas y los particulares sigue gravado de forma excesivamente baja, la justicia fiscal debería ser el centro de la política fiscal.

En cambio, a pesar del sufrimiento de las clases populares y de la creciente crisis de legitimidad, en sus revisiones de los préstamos de julio de 2023 el FMI aconsejó al gobierno que siguiera comprometido con los programas existentes en lugar de cambiar de rumbo. Aun así, se han producido algunos avances alentadores, como la inclusión de la COTU-K en la junta del Fondo de Vivienda Asequible, que permitirá una mayor transparencia y una mejor supervisión de los fondos.

Desinversión pública y desarrollo privatizado

A mediados de marzo de 2024, los médicos y el personal sanitario de Kenia se declararon en huelga durante 56 días, a pesar de la violenta represión del gobierno, para exigir la plena aplicación de su convenio colectivo firmado en 2017, que incluye el pago de sus salarios atrasados y la contratación inmediata de médicos en prácticas. La escasa contratación de médicos en prácticas resulta especialmente decepcionante, pues en su plan Kenya Vision 2030 el gobierno cita la falta de personal suficiente como un obstáculo para la prestación de asistencia sanitaria.

Aunque el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia acabó volviendo al trabajo, las recientes protestas masivas y la disolución del gabinete presidencial han reavivado la oposición de los trabajadores sanitarios, que están frustrados por el estancamiento de las negociaciones y el incumplimiento de las promesas del gobierno.

Mientras el sector de la sanidad pública sigue careciendo de personal y fondos suficientes, el gobierno keniano se basa en el sector privado para suplir las carencias.

Kenia tiene una de las mayores concentraciones del mundo de inversiones en el sector sanitario por parte de instituciones financieras de desarrollo. En lugar de fomentar el desarrollo, esto ha tenido unas consecuencias nefastas para los pacientes y sus familias, como el encarcelamiento por impago de facturas, obstáculos para el acceso y devastadoras deudas personales.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), la agencia del Grupo del Banco Mundial que se ocupa de los préstamos al sector privado, tiene como objetivo desempeñar un papel protagonista en la propagación de los hospitales privados y la financiarización de la sanidad. Los kenianos ya han experimentado antes las terribles consecuencias derivadas de la privatización de recursos públicos esenciales debido al financiamiento por parte de la CFI de Bridge International Academies, una gran empresa educativa con ánimo de lucro y un amplio historial de negligencias y abusos que ha provocado un enorme escándalo.

Financiamiento para el desarrollo: un enfoque basado en los trabajadores

La acelerada aplicación de las medidas de austeridad por parte del gobierno de Ruto contribuyó a la devolución de un eurobono de 2.000 millones de dólares que vencía en junio de 2024 –una tarea que se complicó por la devaluación del chelín keniano y por unas reservas de divisas bajo presión–. Aunque hay mucho que criticar sobre el gasto impulsado en la última década por la deuda de los gobiernos de Uhuru Kenyatta y Ruto, la presión financiera que está experimentando el país es sistémica y compartida por muchos países del hemisferio sur. La pandemia, las graves sequías provocadas por el cambio climático y las crisis geopolíticas internacionales son trastornos que escapan al control del gobierno keniano y tienen unas consecuencias económicas devastadoras.

Además, a medida que los mercados financieros locales de países como Kenia crecen y se abren a los inversores extranjeros, quedan más expuestos a los caprichos del mundo de las finanzas mundiales. Al aparecer nuevos países, como China, que se han posicionado como importantes fuentes de préstamos bilaterales, las tensiones geopolíticas han complicado aún más la reestructuración de las deudas. Al mismo tiempo, en los últimos años los países de bajos ingresos han visto cómo se reducían las fuentes de financiamiento concesional.

Como han demostrado la serie de crisis de la deuda en Sri Lanka, Zambia, Ghana y cada vez más países, la estructura financiera internacional está socavando el desarrollo que debía promover, aumentando las desigualdades mundiales y dejando atrás a la gran mayoría de los habitantes del planeta.

Los trabajadores de Kenia y de todo el mundo han advertido sistemáticamente contra las políticas de austeridad como las que aplica el presidente Ruto. Tal y como demuestran los actuales disturbios y la trágica represión en Kenia, los costes de dichas políticas recaen de manera excesiva en la gente que no puede asumirlos. A medida que los kenianos trazan el camino a seguir en su propio país y los líderes mundiales se plantean las reformas de nuestra estructura financiera internacional, los trabajadores nos llevan la delantera con sus llamamientos a que se lleven a cabo una reforma sistemática de la deuda soberana y cambios profundos en el sistema financiero mundial.