“Cuando se es cuidadora, la vida personal pasa a un segundo plano. Aunque hay momentos para ti, en realidad el 90% de la semana estás cuidando, mientras que solo el 10% lo dedicas a ti misma [...] Nuestros cuidados terminan cuando fallecen nuestros seres queridos”, explica María Isabel, de 58 años, funcionaria pública que, junto a su hermana, ha dedicado los últimos años al cuidado de sus familiares.

Primero cuidaron a su padre y ahora enfrentan el desafío de cuidar a su madre, diagnosticada con Alzheimer. María Isabel y su hermana lidian a diario con un trabajo que a menudo no es ni reconocido ni recibe el apoyo que merece.

Todos los días, María Isabel empieza la jornada muy temprano, alternando el teletrabajo con la oficina. Los días que trabaja desde casa, se dedica al cuidado de su madre, quien requiere asistencia constante para vestirse, ir al baño y otras actividades cotidianas. María Isabel cuenta con la ayuda de una prima, pero la rutina sigue siendo demandante. Su madre usa pijamas gruesos durante el invierno y pañales para evitar accidentes, y sus mañanas se ven marcadas por quejas de dolor por una fractura de cadera que sufrió hace un año.

Durante el día, María Isabel entretiene a su madre con la televisión y se asegura de que almuerce. Por la tarde, la acompaña y cuida hasta la noche, cuando duerme con ella para administrarle la medicación y atenderla si se despierta. Los fines de semana, se ocupa de hacer las compras, dividiendo las tareas con su hermana. A pesar de la rutina repetitiva y del reto que supone conciliar el trabajo con los cuidados, María Isabel se esfuerza por garantizar el bienestar y la comodidad de su madre, intentando que su vejez sea lo más llevadera posible.

Esta realidad refleja los desafíos y la falta de apoyo que enfrentan muchas familias chilenas –concretamente las mujeres, que conforman el grueso de cuidadores no remunerados–, necesidades que el proyecto de ley “Chile Cuida” pretende resolver mediante la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Una nueva propuesta en curso

El proyecto de ley presentado al Congreso en junio, que se encuentra en su primera etapa de revisión y discusión, tiene como objetivo establecer el cuidado como un derecho fundamental. Para lograrlo, propone la creación de una red integrada que combine iniciativas públicas, comunitarias y privadas, la cual será coordinada y regulada por el Estado. Esta red aspira a mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de cuidado y respaldar la labor de los cuidadores, con especial atención en los no remunerados, que son en su mayoría mujeres.

“La iniciativa se propone como el cuarto pilar de la protección social, junto con la salud, la educación y las pensiones. Su enfoque abarca desde la infancia hasta la vejez, promoviendo la autonomía y previniendo la dependencia. Además, amplía la oferta pública de servicios de cuidado con un énfasis en el cuidado comunitario, fomentando la corresponsabilidad social y de género, y busca aliviar la carga desproporcionada de cuidado que recae sobre las mujeres”, explica a Equal Times Nayareth Quevedo, secretaria subregional para el Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Chile, una de las organizaciones que ha seguido de cerca el proceso legislativo y ha hecho recomendaciones desde una perspectiva sindical.

La pandemia de covid-19 reveló una crisis de cuidados en Chile, con casi 1,5 millones de mujeres fuera del mercado laboral debido a responsabilidades de cuidado en el hogar, según el INE. Y es que, en Chile, como en otros países de la región, el trabajo de cuidado ha sido históricamente invisibilizado y no remunerado, recayendo principalmente en las mujeres.

Un aspecto importante del proyecto es reconocer y valorar el trabajo de las cuidadoras no remuneradas, como María Isabel, que dedican su tiempo al cuidado y al margen de cualquier remuneración económica.

Para respaldar a estas personas, el proyecto propone el acceso a programas y servicios de apoyo a cuidadores que les ayuden principalmente a reducir su carga de trabajo y a mejorar su desarrollo personal. También pretende garantizarles oportunidades de trabajo digno en el mercado laboral, igualdad y no discriminación. Y promueve el ocio, incluyendo el acceso a formación y certificación en cuidados para que puedan mejorar sus competencias y condiciones laborales.

En ese contexto, “Chile Cuida” se presenta como una iniciativa con el potencial de instaurar un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Este sistema no solo ofrecerá servicios de cuidado, sino que también protegerá a todas las personas cuidadoras, ya sean remuneradas o no, fomentando una mayor equidad y respeto en la sociedad.

Como señala Quevedo: “valoramos el concepto de economía del cuidado y cómo lo instalaron las feministas para darle valor al trabajo de cuidado, pero también debemos avanzar hacia una cuestión mucho más amplia. Los cuidados ya no son solo una cuestión privada de los hogares, sino una cuestión [estructural] mucho más profunda”.

Un punto de vista que pone en el centro la necesidad de avanzar hacia la corresponsabilidad social de los cuidados.

Profesionalización y dignificación del sector

El trabajo de cuidados, aunque frecuentemente asociado a las tareas domésticas y familiares, está mucho más presente de lo que pensamos, en los hospitales, geriátricos, guarderías, escuelas, entre otros, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ello, “Chile Cuida” se enfoca en la importancia de este trabajo para el bienestar social y promueve una responsabilidad colectiva en su reconocimiento y apoyo.

Según Quevedo, es fundamental comenzar por mejorar las condiciones laborales y económicas de todos los cuidadores, tanto remunerados como no remunerados. El proyecto, por tanto, se centra en profesionalizar el sector mediante formación y certificación. Su objetivo es elevar la calidad de los cuidados y transformar esta labor en una carrera que suponga mejores oportunidades económicas a todos los cuidadores.

No obstante, la alta informalidad laboral que afecta a más de 2,5 millones de personas, según el INE, y la tasa de desempleo del 8,7% entre las mujeres, reportada por Women in Work Index, junto al hecho de que el 71,7% del trabajo de cuidado sigue recayendo en las mujeres, suponen un desafío significativo. Subrayando la necesidad de políticas que mejoren no solo la calidad de los servicios de cuidados, sino también las desigualdades en el sector.

Karen Palma, vicepresidenta de Mujeres y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, expresó preocupación por ciertos vacíos en el proyecto legislativo.

“No se trata de reemplazar el tema de la protección del Estado, entendiendo que vivimos en un modelo neoliberal, por capacitar a mujeres [cuidadoras] y decirles que ahora el problema es suyo. [Por otra parte] esto es una responsabilidad social y el Estado debe estar involucrado, capacitando y calificando, pero no suplantando”, señala.

Palma critica que, aunque el proyecto ofrece compensaciones a los cuidadores, carece de una política laboral. Aunque la profesionalización podría abrir nuevas oportunidades de empleo, aún no está claro cómo repercutirá en las condiciones laborales reales del sector. Por tanto, la protección de los derechos de los cuidadores sigue siendo una preocupación para la CUT.

Quevedo considera que este proyecto debe ser visto como un cambio político más que técnico, pues pone de relieve la necesidad de abordar las desigualdades y reconocer las diversas realidades de los trabajadores. “[Esta situación] no se resuelve con un proyecto de ley, eso es mucho más profundo. Pero creo que vamos caminando a instalar estos temas en la agenda pública, que se converse, y eso es importante”, afirma.

“Una forma adecuada de reconocer el trabajo de los cuidadores [no remunerados] sería otorgarles un plus o compensación que refleje su labor”, comenta por su parte María Isabel, expresando así su sentir personal. Sostiene que, aunque cuiden a un familiar, como su madre, la responsabilidad de este trabajo debería ser asumida también por el Estado, y así dignificar a quienes cuidan, muchas veces en solitario. En este sentido, desde organizaciones como la Confederación Sindical Internacional se insiste en la necesidad de evitar todas aquellas iniciativas que perpetúen la división del trabajo en función del género. De modo que, más que desembolsar montantes para las personas cuidadoras no remuneradas, las políticas a privilegiar son aquellas que invierten en una oferta pública de cuidados accesible para todos.

La percepción del cuidado: un reto cultural

La percepción social del cuidado sigue siendo un desafío. Palma destaca la falta de reconocimiento de esta labor en la sociedad chilena. “En el tema de los cuidados, estamos muy retrasados. La gente no reconoce el trabajo de cuidado como tal. Las mujeres siguen siendo responsables de cuidar a los adultos mayores, a los hijos, a las personas con discapacidad. Y eso es casi una obligación moral y cultural”, comenta.
A pesar de algunos avances en “sectores más ilustrados”, Palma señala que en los sectores populares persisten patrones de comportamiento que refuerzan las desigualdades y están profundamente conectados con la pobreza.

“El proyecto, aunque se centra en la formación de los cuidadores, no aborda la formación y sensibilización del resto de la sociedad, que también se va a beneficiar de él. Así que pensamos que en eso las organizaciones sindicales vamos a tener que jugar un papel importante”, indica Quevedo, haciendo hincapié en la necesidad de un papel activo de los sindicatos y las organizaciones sociales en la educación y sensibilización del cuidado.

“El cuidado es un sostén de la vida y mientras no se entienda que ese sostén de la vida hoy recae principalmente en las mujeres, pero que su sostenibilidad debería ser una corresponsabilidad de todos, será imposible avanzar hacia una mayor justicia”, precisa.

Palma añade que en Chile urge rever las políticas públicas desde una perspectiva inclusiva. Hay una ausencia de “políticas pensadas en estas desigualdades [estructurales]. Por ejemplo, si se pone una guardería a una distancia considerable, se da por hecho que todos tienen vehículo para llevar a sus hijos. Esto no es así para quienes enfrentan precariedad”, explica. Advierte que superar este desafío es clave para el acierto de “Chile Cuida”, ya que ignorar las desigualdades podría limitar su eficacia y alcance.

¿Se evitará la mercantilización de los cuidados?

“Estamos tan poco acostumbrados a que nos garanticen nuestros derechos porque lo hemos pagado todo, que al final hemos mercantilizado la vida y los derechos. Así que será un problema para el gobierno promover estos temas porque la gente simplemente no lo entiende”, dice Quevedo.

En un país donde el libre mercado ha tomado el control de los servicios públicos, Quevedo señala que la idea de reforzar el sector puede parecer para muchos un retroceso. Esto plantea un dilema: ¿Cómo se evitará la mercantilización de los cuidados y su efecto sobre quienes los prestan y quienes los reciben?

“Si el proyecto de ley cierra la puerta al sector privado, la respuesta es ‘no’”, expone Quevedo. El texto establece que la corresponsabilidad será de la familia, el Estado, el sector público y el sector privado. Quevedo añade que el éxito del programa dependerá de la capacidad del gobierno de coordinar con estos sectores y de la vigilancia activa de sindicatos y organizaciones sociales, con el fin de asegurar tanto la calidad de los servicios de cuidado como la protección de los derechos de los cuidadores.

“Hay que quitarnos el mito de que queremos eliminar el sector privado. Creemos en la convivencia con el sector privado, pero con una regulación adecuada”, puntualiza Palma. Y subraya la necesidad de una regulación que priorice el bienestar y la asistencia por encima de los intereses lucrativos.

Desafíos y perspectivas a futuro

La principal incógnita es si el proyecto de ley “Chile Cuida” logrará efectivamente convertirse en ley e implementar un proyecto que suponga un cambio en la perspectiva del cuidado. Además, el modelo chileno de Estado no intervencionista ha llevado, según las entrevistadas, a una notable desprotección en el cuidado, sobrecargando desproporcionadamente a las mujeres y limitando su desarrollo integral.

El gobierno ha mostrado un compromiso con el trabajo decente y se presenta como el “gobierno de los cuidados”, dice Palma. Sin embargo, insiste en que, para lograr avances reales, será crucial definir claramente las estrategias para mejorar las condiciones laborales en el sector. Las políticas deben reflejar la realidad de todos los cuidadores, tanto sus necesidades como sus circunstancias específicas, afirma.

Por su parte, María Isabel plantea una preocupación clave. “A las cuidadoras como yo [sin remuneración] no se nos valora. Las políticas y leyes suelen centrarse en los cuidadores [del sistema de salud y/o remunerados], y no de quienes cuidamos en casa de nuestros familiares”, comenta. Ella señala que esta falta de reconocimiento refleja una deuda persistente en las políticas públicas, que a menudo ignoran las necesidades reales y los retos a los que se enfrentan quienes realizan este trabajo esencial en el entorno doméstico.

No obstante, más allá de las propuestas convencionales, “Chile Cuida” se presenta como una iniciativa transformadora, inspirada en el enfoque pionero de Uruguay, un referente en políticas integrales de cuidado. Aunque se encuentra en fase legislativa y enfrenta el desafío de ser aprobada en un “Congreso debilitado y fragmentado”, su potencial para establecer un precedente significativo es notable.

De concretarse, “Chile Cuida” podría redefinir las prioridades de la política nacional, situando el bienestar y el cuidado de todas las personas en el centro de la agenda pública.

“Va a ser difícil, sí, tenemos un Parlamento dividido al 50%. Vamos a tener que convencer no solo a la derecha sobre la importancia de garantizar que el sector privado no lucre, sino también a la extrema derecha, que se opone a la corresponsabilidad entre la familia y el Estado. La extrema derecha dice que la corresponsabilidad tiene que estar dentro del hogar, entre las mujeres; la hija, la madre, la nieta, la sobrina. Así que ahí vamos a tener dos discusiones”, explica Quevedo. Además, subraya la necesidad de garantizar una financiación adecuada y suficiente para asegurar un sistema sostenible a largo plazo.

Sin embargo, “es una oportunidad política para el resto de la región que un país impulse un proyecto como este. Aunque pueda tener sus pros y contras, visibiliza a quienes cuidan y les reconoce un rol en la sociedad”, concluye.