Los pueblos indígenas tuvieron un papel fundamental para que llegara a tomar posesión el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Este sociólogo de 67 años, que entró por sorpresa en la segunda vuelta de las elecciones de 2023, para acabar ganando los comicios con un 58% de los votos, llegó encabezando un partido emergente, el Movimiento Semilla, formado por profesionales urbanos con el objetivo de combatir la corrupción, defender los derechos humanos y fortalecer el Estado de derecho en el país más poblado de Centroamérica. Para las clases más desfavorecidas y discriminadas del país, contadas abundantemente entre los miembros de los pueblos originarios de Guatemala, que conforman el 43,75% de la población, Arévalo es la figura política más esperanzadora en muchos años.

Con todo, pese a haber sido elegido abrumadora y democráticamente, estuvo cerca de no ser investido, a causa de las maniobras judiciales llevadas a cabo por una fiscalía nacional que está al servicio del llamado “pacto de corruptos”, una alianza entre parlamentarios acusados de delitos, políticos de extrema derecha y miembros de la élite empresarial guatemalteca y de organizaciones de narcotráfico. La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, intentó en varias ocasiones anular la victoria electoral de Arévalo, a través de sucesivos procesos judiciales en contra suya y de su partido.

Si estas maniobras, que lograron dificultar y retrasar el proceso de investidura, no llegaron a evitar que Arévalo y su vicepresidenta, Karin Herrera, se hicieran con el control del Ejecutivo, es en buena parte gracias a los pueblos originarios. Durante 106 días consecutivos, entre el 2 de octubre y el 15 de enero pasados, miles de manifestantes indígenas, a cuya cabeza destacaron los llamados 48 cantones de Totonicapán y la alcaldía indígena de Sololá, se turnaron para ocupar permanentemente los alrededores de la sede del Ministerio Público, en la capital guatemalteca. Con el apoyo de sindicatos, agrupaciones de campesinos, el propio Movimiento Semilla y el partido indigenista de izquierdas Winaq (fundado por la líder indígena y Nobel de la Paz Rigoberta Menchú), los líderes indígenas convocaron un “paro nacional indefinido” con masivos cortes de tráfico adicionales, que se fueron sumando hasta llegar a los 142 bloqueos de carreteras simultáneos, que paralizaron el país por todo el territorio.

La presión popular, a la que se sumó un firme apoyo diplomático internacional por que se respetaran los resultados electorales, acabó haciendo posible que el nuevo gobierno tomara posesión, pero han pasado casi ocho meses desde entonces, y la mirada de esperanzada vigilancia con que los pueblos indígenas comenzaron el año ya está empezando a dar paso a la frustración.

Arévalo presentó una iniciativa legislativa para cambiar las normas que rigen el Ministerio Público y hacer posible que la fiscal general pueda ser depuesta por el presidente, pero por el momento Porras sigue en su puesto y el Movimiento Semilla continúa legalmente inhabilitado por ella (por lo que sus partidarios pueden componer el gobierno a título individual, pero no tienen grupo parlamentario propio en el Congreso ni pueden formar parte de las comisiones de trabajo del Legislativo). De esta manera, su posición en la cámara –donde es la tercera fuerza política, con 23 de los 160 escaños– está artificialmente aún más debilitada, mientras en el propio Ejecutivo ha tenido que incluir miembros que no son de su partido y gobierna con la fiscalía y parte de la Justicia en su contra, en manos del “pacto de corruptos”. En la práctica Arévalo sólo cuenta con sus ministros más fieles, su voluntad política y un margen de acción reducido, circunstancias complejas que no están siendo siempre entendidas por la población más empobrecida y vulnerable, que ve desvanecerse su única promesa de cambio para salir de décadas –y siglos– de discriminación, opresión económica y desesperanza.

Decepción entre los indígenas, que se sienten ignorados

Una de las líderes populares más destacadas en la coordinación de las marchas para defender la democracia fue la profesora Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, en el departamento suroccidental de Sololá, un puesto de autoridad tradicional bianual que ocupó hasta el 31 de diciembre pasado, por lo que coincidió en el cargo con casi todo el grueso de las protestas. Medio año después, cree que “el escenario está bastante difícil”. “Miramos desde muy lejos la esperanza, porque el ‘pacto de corruptos’ no se ha disuelto: al contrario, se ha fortalecido”, explica Ulario a Equal Times.

“Estamos atentos” a los pasos que pueda ir dando Arévalo, asegura, “pero ya hay cierto desencanto por parte de la población, por el hecho de que el presidente no tomó a personas elegidas por el pueblo para que asumieran puestos para gobernar con él, de manera que los pueblos originarios no tenemos ni un representante en el gobierno. Ni uno”.

Arévalo fue el primer presidente de la democracia guatemalteca en mencionar a los pueblos originarios en su discurso de investidura, y sus subordinados están manteniendo su compromiso de reunirse con un grupo de autoridades indígenas todos los meses, pero después de media docena de reuniones aún están entretenidos en formalismos “y mucha burocracia”, cuando “las necesidades de los pueblos las conocen bien, no hace falta tanto protocolo”, critica Ulario. Eso preocupa mucho a los indígenas, porque “el pueblo tenía toda la esperanza” puesta en Arévalo, pero “hay una corrupción terrible en todas las instancias del gobierno, desde los alcaldes hasta los ministerios, y también en el Congreso”. Hacer cambios, dice, “le va a costar muchísimo, aunque con que lograra que los tres poderes del Estado fueran independientes, autónomos de verdad, ya sería bastante”.

Además, el Movimiento Semilla “está diseñado desde la clase media, y en el plan [de desarrollo del gobierno, bastante volcado en la inversión en infraestructuras fundamentales para el país, lo que le ha ayudado a conseguir apoyos entre las cámaras empresariales] no nos visualizamos los mayas, los garífunas, los xincas”, y en el partido, tal vez por una inercia de “racismo” profundamente imbuido en la sociedad, “no veo voluntad política de ser incluyente” con los pueblos indígenas. “Yo creo que todavía sigue el racismo, porque en la actualidad hay profesionales de los cuatro pueblos [mayas, xincas, garífunas y ladinos (mestizos)] que son juristas, politólogos, médicos, administradores de empresas, ya hay gente que está preparada para asumir responsabilidades, pero creo que todavía ellos tienen la idea de que el pueblo es incapaz de gobernar el país”. Además, aunque ve en el presidente a un hombre “humano”, honesto y bienintencionado, Ulario siente que sus asesores y asistentes, en ocasiones heredados de gobiernos anteriores, “no lo están orientando bien” y obstaculizan su relación con los indígenas desde dentro.

Todo para el pueblo, pero sin el pueblo (indígena)

“Nosotros entendemos muy bien que no puede ser sólo un presidente para los mayas o los xincas”, señala Ulario, “tiene que tener en cuenta a todos, pero tendría que ser más incluyente. Ahí habría encontrado el apoyo del pueblo [indígena], como se lo demostraron antes de tomar posesión, pero no lo supo aprovechar, y ahora no creo que logre ya levantar su imagen ante la población. Al final se puede quedar solo, porque los pueblos no están ciegos”.

Luis Linares, coordinador del área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), comprende a Ulario. “La movilización que hicieron los pueblos indígenas fue fundamental para que todos los elementos conspirativos en contra de la toma de posesión de Bernardo Arévalo no tuvieran éxito”, señala, por lo que le extrañó que el nuevo gobierno hiciera “nombramientos de personas vinculadas con el sector empresarial” pero no con las comunidades indígenas. “No se trata de un intercambio de favores, pero sí creo que debió pedirles a los pueblos indígenas, a su liderazgo, que estuvo presente y a quien él visitó la misma noche que tomó posesión, lo que presagiaba una buena relación, que le propusieran algún posible ministerio o cargo relevante”, para romper con la “anomalía que hemos tenido en Guatemala en cuanto a la poca participación de indígenas” en la gestión política. Solamente la actual ministra de Trabajo, Míriam Roquel (de la órbita de Winaq), es de origen étnico maya quiché, pero no está vinculada con las organizaciones indígenas.

“El gobierno está pasando dificultades en materia de credibilidad”, evalúa Linares, “con muchos obstáculos y en un marco de corrupción (gubernamental) heredado principalmente en las contrataciones públicas”, lo que le hace pensar que sus contactos mensuales con los indígenas por ahora son más bien “medidas para ganar tiempo, para poder decir que están dialogando, pero sin que haya resultados”. Con todo, el gobierno debería desarrollar “una agenda para atender los déficits históricos que enfrentan los pueblos indígenas”, ya que, aunque Guatemala firmó en 1999 la Convención de los Pueblos Indígenas y Tribales (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo se han implementado procesos de consulta con los pueblos originarios amañados, con interlocutores a menudo sumisos a los intereses del sector empresarial del país, y sin medidas compensatorias debidamente reguladas para las comunidades indígenas afectadas por su actividad, sobre todo de empresas extractivas.

Desde el gobierno, la propia secretaria privada del presidente Arévalo, Ana Glenda Tager, reconoce a Equal Times que “es importante cuidar la gestión de las expectativas de la población, pues recibimos un Estado profundamente debilitado, sin recursos suficientes y con ciertos intereses políticos y criminales”. De hecho, “uno de los principales retos que enfrentamos es depurar las instituciones públicas en el marco de las reglas del juego democráticas y del Estado de derecho, al mismo tiempo que intentamos dar respuesta a las necesidades urgentes de la ciudadanía”, asegura. Tager, socióloga y colaboradora de Arévalo desde antes de llegar al gobierno, confirmó que entre esas necesidades están las de los pueblos originarios, y que “a partir de una solicitud de la Asamblea de Autoridades Indígenas y Ancestrales, el presidente institucionalizó en marzo una mesa de diálogo permanente con autoridades indígenas de todo el país”. Según explicó, “durante la primera etapa del gobierno se ha privilegiado el diálogo” con ellas, ya que son “actores políticos emergentes que cuentan con una gran legitimidad, al ser electas directamente en asambleas comunitarias”. En efecto, “estamos trabajando para incluir otras voces representativas de los pueblos indígenas en distintos espacios de diálogo”, aunque la mesa ya creada “tiene el propósito de abordar las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y establecer un diálogo franco para escuchar su voz alrededor de los grandes temas nacionales”.

En ese sentido, la secretaria reafirmó que “el Gobierno está comprometido con aumentar la representación de los pueblos indígenas en las instituciones durante sus cuatro años de gestión”. Después de todo, su gabinete “incluyó la mirada de los pueblos indígenas en los principios de su Política General de Gobierno 2024–2027”, y “las necesidades más urgentes están siendo definidas conjuntamente” para hacer posibles “acciones a corto, mediano y largo plazo”. El racismo y las desigualdades son una constante entre las dificultades que afrontan. “Existen dinámicas de exclusión generalizadas”, asume Tager, “pero es importante tomar en cuenta las diferencias territoriales y de visión que existen entre los distintos pueblos. El presidente ha suscrito agendas de trabajo compartido con autoridades ancestrales de los territorios Ixil, Chortí y Xinka, y se están preparando otras”.

El gobierno de Arévalo sí se ha comprometido a dialogar con las organizaciones indígenas para llevar a cabo una política de desarrollo rural, aunque siguen sobre la mesa asuntos de desigualdad en el reparto de la riqueza tan graves como “un 47% de desnutrición crónica entre los menores de cinco años, que en departamentos indígenas como Quiché o Huehuetenango pasa al 70%”.

Esto es algo que “marca de por vida a una persona, desde sus propias capacidades de aprendizaje”, señala Linares, lo que es especialmente grave para “un país que tiene condiciones bastante adecuadas para la producción de alimentos, y que se ve con una desnutrición crónica comparable a la de países devastados por las guerras, como Yemen o Timor Oriental”.

Para Julio Coj, dirigente de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y él mismo de origen maya poqomam, la desnutrición infantil, la pobreza, el analfabetismo y la falta de oportunidades sólo va a llevar a que el país sea cada vez menos competitivo. “Yo se lo he dicho a los empresarios y se lo digo a la ministra” de Trabajo, asegura a Equal Times: “¿a qué están esperando? Dentro de 15 o 20 años no van a tener mano de obra cualificada. Toda esta niñez desnutrida va a ir a la escuela y no va a rendir”. Entretanto las infraestructuras estatales, envejecidas, insuficientes y “plagadas de corrupción” en su gestión, se han mantenido así porque interesaba a los empresarios, quienes, si ahora están aceptando entenderse con Arévalo, es “porque entonces vendrá la privatización y ellos agarrarán todos esos negocios: la educación, la salud, los aeropuertos, los puertos, e irán a parar a manos privadas, que es lo que el propio Arévalo dijo que se iba a hacer (para modernizar el país), una política de alianza público-privada, porque el Estado no tiene la capacidad económica para hacerlo, y al final quienes salen más beneficiados son los empresarios”.

“Esa es su estrategia”, señala. “Y aunque quienes les generan la riqueza, los trabajadores, viven en condiciones tan paupérrimas que tienen que emigrar, ahí hay mano de obra barata. Entretanto tenemos un 74% de empleos de economía informal”, mientras que de los trabajadores restantes, afiliados al seguro social, sólo el 13% son indígenas.Y enfrente tienen a un gobierno cuya “voluntad política está ahí”, señala, aunque con tantas limitaciones que ya sería un gran logro que en estos cuatro años de gobierno de Arévalo, en un país donde sólo se puede ser presidente durante una legislatura, sirvieran al menos para hacer que se cumplan las propias leyes guatemaltecas laborales, de organización sindical y protección social.

Más vale un amigo al timón, aunque sea atado de pies y manos

Con todo, hay que tener en cuenta que “el gobierno de Arévalo es diferente” a los anteriores, y “luchar contra la marea es bastante difícil”, resalta a Equal Times el secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Luis Cortez. En ese sentido, para los indígenas –en concreto–, y trabajadores –en general–, no es lo mismo tener en frente a un aliado del “pacto de corruptos” que a un presidente amigo, aunque sea atado de pies y manos. “Ahora al menos sabemos que tenemos a un amigo ahí, aunque no le está yendo como nosotros lo esperamos, porque el único poder que tiene es el Ejecutivo”, con el resto del Estado en contra. “Nosotros entendemos la situación del país: es el sistema el que está corrupto, hay una estructura llena de corrupción ante la que tú puedes llegar con todas las buenas intenciones, y entonces te sientan, te acondicionan y te dicen: o pasas por aquí o te denunciamos al Ministerio Público y vas a la cárcel”. Por eso, asegura, en sus negociaciones con el Gobierno y la OIT, para trabajar en una Hoja de Ruta, iniciada en 2013 con muchas trabas internas, para acabar con la violencia contra sindicatos y trabajadores y garantizar los derechos y libertades laborales, los sindicatos le han dado a Arévalo un plazo de confianza hasta febrero de 2025 para que sea capaz de dar los primeros pasos en este sentido.

“Mucha gente se está impacientando, pero mi respuesta siempre ha sido: compañeros, miren, esto en cuatro meses no se va a poder arreglar, hay que tener paciencia, hay que creer y confiar, porque al menos tenemos un gobierno que llegó al poder y que no es igual a los anteriores”.

Estamos hablando de un país con una alta criminalidad (16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, según la ONU), que es uno de los 10 peores países del mundo para los trabajadores, según la Confederación Sindical Internacional (CSI), y donde hace apenas un mes y medio fueron asesinados otros dos líderes sindicales, que se suman a otros dos muertos recientes “defensores de los pueblos originarios: un abogado y un miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC)”, recordó Cortez. Todo ello destinado a “sembrar el terror y la desesperanza”, subraya, y a que la gente piense que “el presidente no está haciendo nada”. Por ello espera que se consiga que no haya más muertes entre los defensores de la naturaleza, de los pueblos originarios y del derecho laboral, aunque “sabemos que en cuatro años no se va a poder arreglar mayor cosa”, porque “aquí están implicados empresarios y municipalidades, que son las mayores violadoras de derechos de los trabajadores”, con habituales e impunes despidos masivos de afiliados sindicales. Y sin embargo, reafirma, “sólo a través de la organización sindical es como se ha hecho valer el respeto al derecho laboral”.

“El movimiento sindical guatemalteco tiene una mezcla de esperanza y escepticismo en cuanto a que el actual gobierno logre cambios significativos en favor de los derechos laborales, la libertad sindical y el salario mínimo”, indica a Equal Times por su parte Rafael Segura, secretario de organización de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG). Aunque es posible “ver con optimismo” la oportunidad que encabeza Arévalo, también “hay escepticismo debido a la relación histórica entre los empresarios del país y los gobiernos guatemaltecos de turno”.

Coj coincide con ambos: hay maniobras políticas que “boicotean” a Arévalo, incluso con recientes y provocadoras expropiaciones judiciales forzosas de indígenas, para sembrar la desilusión con el Ejecutivo, “como para demostrar que el gobierno que votó el pueblo no era el más correcto, y que para las próximas elecciones el pueblo ya no vote por Semilla”.

“Y un pueblo que tiene un analfabetismo tremendo, con grandes pobrezas y necesidades, quiere respuestas inmediatas”, lamentó Coj, “pero no va a ser fácil lograrlo, porque tenemos una oligarquía muy fuerte y un empresariado muy conservador, sobre todo en el agro, y el Ejecutivo no ha tenido más remedio que aliarse con ellos, porque si no lo hicieran no cumplirían ni un año de gobierno”.

Al menos el racismo que sufren los indígenas en la sociedad no se ve tan reflejado en los sindicatos, coinciden los entrevistados, pero hay muchísimo que mejorar. Muchos sindicalistas indígenas ocultan su origen, se visten como la población ladina e incluso evitan mencionar sus apellidos para no sentirse excluidos, confiesa Coj, aunque no es su caso. Aún “es necesario promover activamente su participación en roles de liderazgo sindical”, así como apoyar su desarrollo “con programas de formación y capacitación adaptados a sus necesidades específicas, y crear un ambiente sindical inclusivo que valore la diversidad cultural”, reconoce Segura.

“La exclusión, la discriminación y el racismo los sufrimos desde 1492”, reclama por su parte Ulario Zavala, la líder indígena de Sololá. “Siempre hemos sido esclavos de una u otra manera, nos han invisibilizado, nos han excluido en todo, y seguimos siendo excluidos. Y esta vez el detonante que rebasó el vaso fue la lucidez del pueblo ante la prepotencia de que estaban manipulando sus votos, y fue cuando la gente luchó, porque su voto tenía que ser respetado”. Los pueblos indígenas, a pesar de tener mayores tasas de analfabetismo, son profesionales muy dignos y, concluye Ulario, son “conscientes de todos los males” que han sufrido, de ahí la demostración de fuerza que hicieron hace unos meses: “no fue sólo por los votos, es por el sumatorio de todo lo que se ha vivido durante más de 532 años”. La propia Tager, secretaria del presidente Arévalo, asegura que su gobierno tampoco lo pierde de vista: “sabemos que 500 años de exclusión no se resolverán en cuatro años, pero estamos empeñados en sentar las bases para un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas”. Y justo en esa presión y esa presencia activa está la verdadera esperanza para Coj: “el día que el pueblo comprenda que sólo organizados, unidos, podemos luchar por que se cumplan las leyes, ese día Guatemala podrá cambiar”, sentencia. “No va a haber ningún gobierno que pueda cambiar [las cosas] solo, automáticamente, si no hay un pueblo organizado detrás, que esté en las calles luchando y haciendo propuestas políticas”.