El 5 de enero de 2004, cuando amanecía en Nicosia, una explosión quebró el silencio de la capital chipriota. La bomba hizo saltar por los aires los vidrios del pequeño local de KISA, una organización que apoya y defiende a los solicitantes de asilo.

Era la primera vez que la violencia golpeaba a una organización de la sociedad civil en esta pequeña isla del Mediterráneo. Nadie resultó herido, pero las oficinas todavía no se han reparado por completo, y la organización sigue sin poder funcionar con normalidad.

“No es un atentado surgido de la nada. Hacía meses que éramos víctimas de una campaña de difamación y de múltiples trabas administrativas que nos impedían funcionar”, explica Doros Polykarpou, director de KISA, que también atribuye esta situación a un discurso de desconfianza hacia las organizaciones como la suya, difundido por el Gobierno de coalición de Níkos Christodoulídis, y al auge de la extrema derecha.

En febrero de 2024, 41 organizaciones firmaron una carta condenando el acoso y el atentado sufridos por KISA. Denunciaron asimismo la escalada de violencia contra los extranjeros y los solicitantes de asilo, pero también el preocupante silencio del Gobierno chipriota y de la Unión Europea.

“Ni si quiera se ha llevado a cabo una investigación. ¿Qué tipo de mensaje estamos enviando si no decimos nada?”, afirma Kondylia Gogou, investigadora de Amnistía Internacional y una de las signatarias de la carta.

La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson viajó a la isla en enero de 2024. Fue una visita bien recibida por Doros Polykarpou, de KISA, pero que debería ir seguida de medidas, según señalaba Amnistía Internacional en un correo electrónico en respuesta a las preguntas de Equal Times, en particular para “garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan trabajar en condiciones totalmente seguras”.

“Si el atentado contra KISA se basa en un comportamiento xenófobo, por supuesto que lo condenamos, y la policía acudió al lugar tras la explosión”, declaró Andreas Georgiades, jefe del Departamento de Asilo del Ministerio del Interior.

Un contexto migratorio tenso

En los últimos años, Chipre se ha situado a la cabeza en cuanto al número de solicitantes de asilo que llegan a la isla huyendo de Siria y Afganistán, así como de la República Democrática del Congo, Camerún y Bangladés, para entrar en Europa y aspirar a una vida mejor. En 2022 la isla registró un máximo: se presentaron 21.564 solicitudes de asilo. En 2023 la cifra se había reducido a 10.585. Sin embargo, en 2023, el 5% de la población eran solicitantes de asilo, lo que representa la proporción más alta de Europa.

Ante semejante afluencia, la violencia xenófoba ha aumentado, alimentada por el avance de la extrema derecha, cuyo partido, ELAM, acaba de obtener un eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo. En agosto de 2023, en Pafos, 300 miembros de ELAM atacaron violentamente una serie de viviendas y comercios de extranjeros. Un mes después, en Limasol, un grupo de 200 chipriotas destruyó con cócteles molotov varios comercios regentados por extranjeros. Y hace poco, en marzo de 2024, en Pafos, un hombre atacó con un arma a una treintena de sirios.

“Hemos visto lo que ha pasado. El racismo ha aumentado, cuando lo cierto es que necesitamos trabajadores. Las personas a las que ayudamos denuncian muchos abusos verbales. Y la elaboración de perfiles policiales ha aumentado”, explica Corina Drousiotou, coordinadora de proyectos del Cyprus Refugee Council.

Además de la violencia, los solicitantes de asilo denuncian las dificultades a las que se enfrentan a diario. Tienen problemas incluso para cubrir sus necesidades básicas: encontrar alojamiento o trabajo es una carrera de obstáculos al margen de la legalidad.

Ferit es un solicitante de asilo kurdo que llegó a Turquía en diciembre de 2022. Al no tener dinero ni trabajo, se ve obligado a vivir en la calle desde que llegó. De momento pasa los días en el puente situado sobre las murallas venecianas de Nicosia. “Vine aquí porque pensaba que era un país hospitalario para los kurdos. Quería quedarme, pero aquí no tengo derechos. Se me prohíbe trabajar”, explica Ferit. Efectivamente, desde diciembre de 2023, los solicitantes de asilo tienen que esperar 9 meses, tras el registro de su solicitud, para poder trabajar.

Aunque algunos prefieren esperar para no comprometer su estatus, a muchos no les queda más remedio que trabajar para pagarse el alojamiento y cubrir sus gastos diarios en un país con una elevada inflación. “¡Necesitamos trabajar, esto no es vida!”, afirma Junior, que llegó desde la RDC hace 5 años y que se ha instalado en Nicosia. Su solicitud fue rechazada, pero no se ha marchado. “No puedo volver al Congo. Un abogado de una ONG está trabajando en mi caso”, explica el joven. Ha presentado currículos para trabajar en el turismo, un sector con escasez de personal. En Nicosia, los solicitantes de asilo son los que hacen funcionar los hoteles y los restaurantes, sobre todo en temporada alta. El resto del tiempo recorren la ciudad en bicicleta repartiendo sus comidas a los chipriotas.

Primer país europeo en cuanto a expulsiones

Al mismo tiempo, ante el aumento de la inmigración, el Gobierno se mantiene firme y tajante. “La prioridad del Gobierno chipriota es impedir que la gente venga, y facilitar la partida de las personas cuyas solicitudes son rechazadas”, explica Corina Drousiotou. Por ejemplo, desde diciembre de 2023, el acceso a la nacionalidad chipriota está condicionado a un nivel B1 de griego y a un conocimiento suficiente de la cultura y la historia de la isla.

En 2023, la UE invirtió 22 millones de euros (unos 23,5 millones USD) en renovar el primer centro de acogida de la isla, el campamento de Pournara, a las afueras de Nicosia. Para Ferit, que vivió allí cuando llegó, a principios de 2023, la experiencia fue deshumanizadora: “Me quedé allí tres meses, y hay muchos problemas en las viviendas. Nadie está contento, la comida no es buena y huele mal. Solo me daban un pedazo de pan. Y cuando intentas hablar con los responsables, se enfadan y no te escuchan”.

La ampliación y las obras están todavía en marcha, y permitirán acoger a cerca de 1.000 personas. El principal objetivo de esta inversión, en respuesta a una capacidad de acogida insuficiente y unas condiciones de vida denunciadas por los solicitantes de asilo y la sociedad civil, es acelerar la tramitación de las solicitudes. En el pasado, la mayoría de las personas podían quedarse varios meses en el campamento a la espera de ser liberadas, pero la media a día de hoy es de apenas dos semanas, señala Stéphanie Violari, coordinadora de procedimientos del campamento.

Aunque ahora las condiciones son mejores, el campamento sigue estando muy aislado y tiene aspecto de cárcel. Para llegar a las viviendas hay que atravesar una verja de alambre de espino. Las casas son muy frías en invierno y un horno en verano, y no hay ni un solo árbol que dé sombra al millar de personas que esperan.

Al agilizar el trámite de las solicitudes, las autoridades esperan que las personas que sean rechazadas puedan regresar a su país con mayor rapidez. Esta medida se ajusta a la política de la Comisión Europea saliente y al nuevo Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en abril de 2024. En febrero de 2022, Chipre y la UE firmaron precisamente un plan de acción para mejorar la capacidad de acogida y facilitar el retorno.

En Chipre, los solicitantes de asilo que han sido rechazados disponen de programas de retorno “voluntario”. Aquellos cuyas solicitudes han sido rechazadas reciben un billete de avión a un país supuestamente “seguro”, así como cerca de 1.000 euros. Teniendo en cuenta que un 96% de las solicitudes son rechazadas, Chipre es uno de los primeros países europeos en cuanto a expulsiones, en proporción al número de solicitantes de asilo que hay en el país, según el Ministerio del Interior. Las autoridades basan sus decisiones en una lista de 27 países “seguros”, entre los que se encuentran Nigeria, Ghana, Senegal y Pakistán. A los nacionales de estos países se les deniega sistemáticamente el asilo alegando que su solicitud es “infundada”. Se acepta principalmente a apátridas y a sirios, pero en la mayoría de los casos sus solicitudes acaban siendo suspendidas.

En cuanto a las solicitudes aceptadas, se había puesto en marcha un programa de reubicación para enviar a los solicitantes de asilo a Alemania, Francia o Bulgaria, por ejemplo. Pero, desde julio de 2023, se encuentra suspendido, porque, según las autoridades, habría provocado un “efecto llamada”.

“La nueva política del Gobierno se basa en valores humanitarios. No se trata de si queremos o no solicitantes de asilo, sino de la capacidad de acogida”, explica Andreas Georgiades, jefe del Servicio de Asilo. Últimamente, el país se enfrenta a una afluencia “extrema” de sirios que llegan del Líbano, “que Chipre no puede asimilar”, explica.

El Gobierno no puede devolver a los sirios a su territorio, ni a Siria ni al Líbano. Así pues, desde hace algunos meses, viene instando a la UE a que considere ciertas partes de Siria como zonas seguras para proceder a la expulsión de los sirios a los que se les ha denegado la entrada. Pero dado que entre enero y marzo de 2024 llegaron más de 2.000 personas, el presidente chipriota afirmó que el país se enfrenta a “una grave crisis con estas llegadas casi diarias”.

La isla también quiere firmar un acuerdo con el Líbano para reducir el número de solicitantes de asilo que llegan a su territorio, según confirmó la Comisión el pasado mes de marzo. Para Amnistía Internacional se trata de un plan preocupante que se asemeja a los acuerdos suscritos con Túnez y Egipto, que se mantienen “sin tener en cuenta claras pruebas de abusos y violaciones graves de derechos humanos en los países con los que se negocia el acuerdo”, según mensajes compartidos por correo electrónico.

Giro a la derecha en Europa y asociaciones abandonadas a su suerte

La Comisión Europea saliente ha seguido controlando las fronteras, gastándose 26.200 millones EUR (29.000 millones USD) en migración y gestión de las fronteras (incluidos 5.600 millones [es decir, 6.300 millones USD] en Frontex, su agencia de protección de fronteras, entre 2021 y 2027), y acaba de votar a favor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que, para los especialistas, como el investigador Olivier Clochard, sella una “política cortoplacista que avanza en una dirección restrictiva”. Así lo refleja la ambición de acelerar la tramitación de las solicitudes mediante el “filtrado” en las fronteras o la posibilidad de ordenar la detención administrativa, ampliada a 9 meses, en cualquier país que se enfrente a un número excepcional de llegadas, como sucedió en 2015-2016.

“Queremos un sistema más rápido que no es sino un escaparate para decir que los derechos humanos se respetan, pero las solicitudes se tramitan a toda prisa. La gente necesita tiempo para abrirse y hacer entender su situación”, explica el investigador asociado del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Francia.

Este Pacto se aprobó en un contexto de avance de la extrema derecha y en vísperas de las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. “Dado que el 80% de las decisiones se adoptan por el procedimiento de codecisión, existe el riesgo de que eso influya en la política migratoria”, afirma Philippe Icard.

Los solicitantes de asilo son los que más sufren las políticas europeas sobre el terreno. Su situación depende del trabajo de una reducida sociedad civil que no cuenta con el apoyo financiero de un gobierno que, al contrario, desconfía de ella. Aunque las ONG con las que nos reunimos afirman no haber modificado sus métodos de trabajo ni sentirse en peligro como KISA, declaran que la seguridad se ha reforzado. “No tenemos miedo, pero no nos parece bien que haya controles policiales a la puerta de nuestras casas. No transmite el mensaje correcto, porque la gente viene aquí buscando ayuda”, explica Elizabeth Kassinis, directora de Caritas Chipre.

El centro está ubicado junto a la entrada a Pafos y a la frontera con el Chipre turco. Una pequeña brigada de policías se encuentra apostada justo al lado para realizar controles de identidad. Se fijan sobre todo en las personas con aire extranjero.

Por su parte, el Refugee Support Group ha sufrido las consecuencias de la ley que prohíbe que los solicitantes de asilo trabajen durante 9 meses: “Antes les dábamos comida a todos cada semana, durante 4 a 6 semanas, hasta que pudieran trabajar. Pero desde que esto ha cambiado, ya no podemos mantenerlos”, se lamenta Natalie Holmes, responsable de comunicación.

Por si fuera poco, las ONG chipriotas, como muchas otras en todo el mundo, están sufriendo una reducción de la financiación internacional, por lo que no dan abasto para hacer frente al creciente número de crisis.

“No tenemos más remedio que adaptarnos, seleccionar y referenciar lo mejor que podemos, pese al reducido número de organismos”, explica Drousiotou del Cyprus Refugee Council. El puñado de ONG y asociaciones informales tienen la impresión de trabajar contra su gobierno y la Unión Europea, y no les queda más remedio que centrarse en ofrecer, al menos, una “acogida digna”. Hasta que los deporten.